Hace dos años y medio, poco antes de promulgarse  la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Plataforma por la Igualdad y la Custodia Compartida, colectivo  de más de 30 asociaciones de madres y padres separados y  asociaciones defensoras de la igualdad entre mujeres y hombres,  afirmaba que está ley  provocaría un aumento de muertes de mujeres

El argumento esgrimido, que volvió a repetir en su comunicado del día 12 de febrero de 2006,  era que se trataba de una ley hecha no para proteger a la mujer sino para conseguir su voto. 

Efectivamente  todas las fuerzas políticas en su día  se habían apuntado a la aprobación de la ley, seguramente si haberla leído atentamente, pues de lo contrario nos cuesta creer  que  un parlamento democrático haya votado una ley con una tal urdimbre totalitaria, tan contraria al estado de derecho y consecuentemente tan contraproducente.

El Consejo del Poder Judicial  hizo una crítica exhaustiva de los aspectos inconstitucionales de dicha ley  y  representantes del moviendo feminista igualitario afirmaron, parangonando a Elisabeth Badinter, que “íbamos por el mal camino”. Pero la prepotencia política del momento no les tuvo en cuenta.

¿Se puede utilizar medios malos para conseguir fines buenos?  Todos, siguiendo principios éticos, decimos que no. De lo contrario podríamos hasta justificar la violencia utilizada por terroristas cuando luchan por un mundo mejor.

Sin embargo la ley contra la violencia de género es una ley  irracional basada en el odio y la descalificación, se inspira en dogmas y sigue una estrategia orweliana  para lo que llama erradicar la violencia contra la mujer. Utilizar tesis como la del poder patriarcal del hombre sobre la mujer para justificar  una persecución generalizada a todos los hombres (ver título preliminar de la ley en la que se habla de su objeto)  ha de llevar a lo que pronosticaron eminentes juristas : una redada indiscriminada de hombres que iba a hacer casi imposible la protección de la mujer y la localización de los maltratadotes.

Hacer pasar por los calabozos a más de setenta mil hombres cada año saltándose el más elemental principio de presunción de inocencia y causando daños de profundos e irreparables, no parece la mejor medida  para proteger a la mujer.

Pero hay más, se trata de una ley promulgada desde la mentira. Sistemáticamente desde los años noventa se han ido mezclando los conceptos de violencia de género con los de violencia doméstica y se han manipulado las estadísticas y consecuentemente la opinión pública para hacer posible la promulgación de una ley de inspiración totalitaria y contrarrestar la posible resistencia de aquellos ciudadanos sensibles a la pérdida de derechos civiles.

La consecuencia más inmediata de la mezcla de estos dos conceptos  y  la manipulación de las estadísticas es un desenfoque de lo que es la violencia doméstica. Debido a este desenfoque, tomar por violencia de género lo que es violencia doméstica, desde los años noventa han ido aumentando las muertes de mujeres a manos de sus parejas y exparejas  pero también las muertes de hombres a manos de sus parejas y exparejas, los suicidios de unos y otros, la muerte de niños, la violencia de los adolescentes contra sus padres y  las agresiones a las personas de mayor edad dentro del ámbito doméstico.  De todos estos incrementos sólo se ha presentado a los medios de comunicación las muertes de mujeres. Los datos del Instituto Nacional de estadística dejan claro que estos incrementos coinciden con los años en que se inician las medidas de género en España (Ley 27/2003 de 31 de julio, Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre y la actual Ley orgánica 1/2004  de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integran contra la Violencia de género).

No hay planteamiento científico que mantenga una hipótesis cuando los resultados con evidentemente contrarios a la misma. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo con las medidas de género implementadas en España. Intencionalidades ajenas a la defensa de la mujer quedan patentes. Se trata una vez más trata de utilizar a la mujer para la confrontación política. La responsabilidad de esta situación está en que al utilizar con fines espurios el concepto de violencia de género, se ha dejado de analizar con corrección y en profundidad lo que ocurre realmente dentro del marco doméstico y no se están poniendo las medidas adecuadas para combatir dicha violencia.

Así España, que ocupaba el tercer lugar en el concierto de los países europeos en cuanto a menor violencia doméstica se refiere, marcha aceleradamente a ocupar uno de los lugares más destacados. En cualquier caso el ejercicio de  la injusticia, en este caso sobre el varón, no es ni una medida inteligente  ni acorde con lo que se espera de un estado de derecho.

Es evidente que se está tratando de apagar un incendio con gasolina por ello creo que hay que hacerse una importante pregunta , parafraseando a los pioneros de la sociología, Qui prodes? ¿A quien beneficia  políticas  tan contraproducentes?  A partir de su respuesta seguramente encontraremos  el camino que nos lleve a  erradicar este mal.